- La legisladora Laura Yamili Flores Lozano solicita que Alejandro Alonso N., Primer Regidor del Ayuntamiento de Tlaxcala, se separe del cargo y sea procesado legalmente tras las denuncias de agresión física contra su esposa, Edith N.
Jonathan Olvera//La Noticia de Tlaxcala
Tlaxcala, Tlax., 13 de marzo de 2025.- La diputada Laura Yamili Flores Lozano, del Partido de la Revolución Democrática de Tlaxcala (PRDT), exigió que Alejandro Alonso N., Primer Regidor del Ayuntamiento de Tlaxcala, solicite licencia a su cargo y sea juzgado conforme a la ley, luego de ser acusado de agredir físicamente a su esposa, Edith N.
Durante la sesión de este jueves en el Congreso del Estado, Flores Lozano calificó de reprobable la conducta del funcionario, no solo por tratarse de violencia contra una mujer, sino también por su posición como representante público. La legisladora hizo un llamado enérgico a las autoridades competentes para que investiguen los hechos y apliquen estrictamente la ley.
El caso salió a la luz gracias a la activista Yeny Charrez Carlos, quien denunció la desaparición de Edith N. tras la agresión y logró rescatarla después de varias horas de incomunicación. Según Charrez, Alejandro Alonso N. presumió de inmunidad debido a su cercanía con la gobernadora del estado, Lorena Cuéllar Cisneros.
La diputada Flores Lozano enfatizó que este no es un caso aislado de violencia familiar, sino que involucra a un servidor público de quien se espera apego a la ley y respeto a la integridad física y moral de las personas, especialmente de sus familiares. Por ello, instó a las autoridades ministeriales y a las encargadas de atender la violencia de género a actuar con firmeza y transparencia en este caso.
Hasta el momento, no se ha emitido una declaración oficial por parte de Alejandro Alonso N., en tanto que el alcalde Alfonso Sánchez García anunció una supuesta investigación respecto a las acusaciones. La sociedad tlaxcalteca permanece atenta al desarrollo de los acontecimientos y a las acciones que tomen las autoridades para garantizar justicia y proteger los derechos de las víctimas de violencia de género.
