Guillermo Veloz/La Noticia de Tlaxcala
* La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala inspeccionó 58 Centros de Detención Preventiva para verificar condiciones y cumplimiento normativo. Tetlatlahuca y Tepetitla de Lardizábal negaron total o parcialmente el acceso al personal del organismo autónomo.
Tlaxcala, Tlax., 22 de enero de 2025.- Con el objetivo de garantizar el respeto a los derechos humanos de las personas detenidas, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala (CEDHT), liderada por su titular Jakqueline Ordoñez Brasdefer, supervisó 58 Centros de Detención Preventiva Municipal como parte del “Programa Penitenciario”.
En este proceso participaron consejeros consultivos, defensores y visitadores generales de la CEDHT, quienes evaluaron las instalaciones y procedimientos en alineación con las Reglas Mandela de las Naciones Unidas.
Sin embargo, en los municipios de Tetlatlahuca y Tepetitla de Lardizábal se registraron incidentes que impidieron una supervisión completa. En el primero, personal no facultado negó el acceso al equipo de la CEDHT, mientras que en Tepetitla, aunque inicialmente se permitió la entrada, posteriormente se interrumpió la diligencia. La Comisión emitió una protesta formal contra los responsables de las Direcciones de Seguridad Pública y solicitó a los alcaldes informes detallados sobre estas irregularidades en un plazo de diez días hábiles.
Respecto a los municipios inspeccionados, la CEDHT reportó que algunas localidades, como Nanacamilpa, no han realizado mejoras significativas desde la última evaluación en 2021. Por otro lado, se encontraron avances en la construcción de instalaciones adecuadas en otros municipios, aunque persisten deficiencias en la capacitación del personal de seguridad.
En cuanto a formación, 53 municipios aseguraron que su personal ha recibido capacitación, pero solo 43 registraron más de dos cursos desde el inicio de la actual administración.
El organismo autónomo enfatizó que continuará con estas supervisiones para garantizar condiciones dignas en los centros de detención y velar por el derecho a la seguridad jurídica. Los resultados finales de esta evaluación serán presentados en un informe en febrero
