- Alfonso Sánchez García, presidente municipal de Tlaxcala, ha sido señalado por emplear eventos oficiales y recursos públicos para impulsar su imagen personal, contraviniendo el artículo 134 de la Constitución que prohíbe la promoción personalizada de servidores públicos.
Redacción// La Noticia de Tlaxcala
Tlaxcala, Tlax., 28 de febrero de 2025.- En las últimas semanas, Alfonso Sánchez García, alcalde de Tlaxcala capital, ha intensificado su presencia en eventos oficiales, utilizando estos espacios para promover su imagen personal. Esta práctica ha generado críticas debido a la aparente violación del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que la propaganda gubernamental debe tener carácter institucional y no incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.
Además, se ha denunciado que la página personal del alcalde es gestionada por el mismo equipo de comunicación social del ayuntamiento, utilizando oficinas, horarios y recursos públicos para fines de promoción individual. Esta acción contraviene las disposiciones legales que prohíben el uso de recursos públicos con fines distintos a los institucionales.
La ciudadanía ha expresado su descontento, señalando que la capital del estado está siendo utilizada para satisfacer aspiraciones personales, en lugar de enfocarse en atender las necesidades colectivas. Este tipo de conductas no solo erosiona la confianza pública, sino que también representa un uso indebido de los recursos destinados al bienestar común.
Es imperativo que las autoridades correspondientes investiguen estas acciones y, de ser necesario, apliquen las sanciones pertinentes para garantizar el respeto a la legalidad y la ética en el servicio público. La promoción personal a costa del erario público no solo es una falta administrativa, sino que también atenta contra los principios democráticos y de transparencia que rigen nuestra sociedad.
La ciudadanía merece servidores públicos comprometidos con el bienestar colectivo y respetuosos de las leyes que regulan su actuar. Utilizar la posición y los recursos públicos para beneficios personales es una práctica que debe erradicarse para fortalecer la confianza en las instituciones y en quienes las representan.
