- El presidente municipal de Tlaxcala, Alfonso Sánchez García, anunció en un evento privado en Tlaxco su intención de contender por la gubernatura en 2027. Sin embargo, su prematura campaña ha generado críticas por desatender sus responsabilidades actuales y por la falta de transparencia en el uso de recursos públicos para eventos proselitistas.
Jonathan Olvera//La Noticia de Tlaxcala
Tlaxcala, Tlax., 24 de febrero de 2025.- El pasado domingo, en un evento privado realizado en “Rancholandia”, ubicada en Tlaxco, el presidente municipal de Tlaxcala, Alfonso Sánchez García, oficializó sus aspiraciones para contender por la gubernatura del estado en 2027. Acompañado por los alcaldes de Totolac y Panotla, varios diputados locales, su esposa Marcela González —quien también funge como presidenta estatal de Morena— y su padre, el exgobernador Alfonso Sánchez Anaya, Sánchez García afirmó estar trabajando desde ahora para asegurar su victoria en las próximas elecciones.
Al evento asistieron aproximadamente 500 personas, quienes manifestaron su respaldo al alcalde capitalino. No obstante, la naturaleza privada del encuentro y la anticipación de su campaña han suscitado críticas por parte de diversos sectores. Analistas políticos señalan que, al centrar sus esfuerzos en una campaña prematura, Sánchez García podría estar desatendiendo las responsabilidades inherentes a su cargo actual, lo que podría repercutir negativamente en la administración municipal.
Además, la participación de funcionarios públicos y la posible utilización de recursos municipales en actividades proselitistas plantean serias dudas sobre la ética y la legalidad de dichas acciones. La ciudadanía exige transparencia en el uso de los recursos públicos y cuestiona si es apropiado que un alcalde en funciones enfoque sus esfuerzos en una campaña electoral a tan largo plazo, en lugar de atender las necesidades inmediatas de la población.
En este contexto, es fundamental que las autoridades correspondientes supervisen el cumplimiento de las normativas electorales y de uso de recursos públicos, para garantizar que las aspiraciones políticas personales no interfieran con el deber de servir a la comunidad de manera eficiente y transparente.
