- La diputada América Rangel del PAN presentó una iniciativa en el Congreso de la Ciudad de México para que las personas privadas de la libertad trabajen obligatoriamente y contribuyan al pago de su manutención. En Tlaxcala, aunque existen programas de reinserción laboral, no se contempla una medida similar.
Guillermo Veloz//La Noticia de Tlaxcala
Ciudad de México, 14 de febrero de 2025.— La diputada local del Partido Acción Nacional (PAN), América Rangel, presentó una iniciativa ante el Congreso de la Ciudad de México que busca obligar a las personas privadas de la libertad a trabajar para cubrir parte de su manutención. Según la legisladora, cada reo representa un costo mensual de aproximadamente 17 mil pesos para el erario público, por lo que su propuesta pretende reducir esta carga financiera y fomentar la reinserción social de los internos.
La iniciativa propone modificar la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social del Distrito Federal, estableciendo que los reclusos realicen trabajos remunerados adecuados a sus capacidades físicas y psicológicas. Del salario obtenido, se destinaría un porcentaje para su manutención, otro para la reparación del daño y el resto para el propio interno y sus dependientes económicos.
En contraste, en el estado de Tlaxcala, aunque existen programas orientados a la reinserción social y laboral de las personas privadas de la libertad, no se contempla una medida que obligue a los reos a costear su manutención. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Tlaxcala, a través de la Dirección de Prevención y Reinserción Social, ha implementado convenios con diversas instituciones para fomentar el autoempleo y la capacitación laboral de los internos. Por ejemplo, en el Centro de Reinserción Social (Cereso) femenil de Apizaco, se han impartido talleres que buscan dotar a las internas de habilidades productivas para su reintegración al mercado laboral una vez cumplida su sentencia.
Estas iniciativas en Tlaxcala se centran en proporcionar herramientas y oportunidades a las personas privadas de la libertad para facilitar su reinserción social y laboral, pero no incluyen la obligatoriedad de que los internos financien su propia manutención durante su estancia en los centros penitenciarios.
La propuesta de la diputada Rangel ha generado debate en torno a la viabilidad y ética de exigir a los reclusos que paguen por su estancia en prisión. Mientras algunos sectores consideran que podría aliviar la carga financiera del sistema penitenciario y promover la cultura del trabajo, otros advierten sobre posibles violaciones a los derechos humanos y la dignidad de las personas privadas de la libertad.
En Tlaxcala, la discusión sobre la implementación de medidas similares aún no ha sido abordada en el ámbito legislativo. Sin embargo, las autoridades continúan enfocadas en fortalecer los programas de capacitación y autoempleo para garantizar una reinserción efectiva de los internos en la sociedad.
