Gobierno de México propone reformas para evitar desbloqueo judicial de cuentas ligadas a delitos financieros

Redacción//La Noticia de Tlaxcala

Ciudad de México, 1 de abril de 2025. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que su administración trabaja en modificaciones legales destinadas a impedir que jueces y ministros liberen cuentas financieras vinculadas a actividades ilícitas, como el lavado de dinero, sin un juicio de fondo. Estas cuentas han sido previamente incorporadas a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum enfatizó que, actualmente, individuos señalados por la UIF obtienen suspensiones judiciales que les permiten acceder a sus recursos sin que se analice a profundidad el caso. “Cuando la UIF encuentra evidencia de uso indebido de dinero, procede a congelar cuentas. Sin embargo, los jueces conceden suspensiones que liberan estos fondos sin resolver el juicio de fondo. Eso no es otra cosa que corrupción”, afirmó la mandataria.

La presidenta subrayó la urgencia de reformar las leyes para que el desbloqueo de cuentas solo sea posible cuando se demuestre una mala interpretación por parte de la UIF y no mediante suspensiones provisionales. “Estamos trabajando en modificaciones legales para que esto no vuelva a ocurrir. Si un juez determina que los fondos deben liberarse, debe ser con base en un juicio de fondo, no en una simple suspensión”, explicó.

Pablo Gómez, titular de la UIF, detalló que, entre diciembre de 2018 y marzo de 2025, se han agregado a la LPB un total de 7,815 sujetos, entre personas físicas y empresas. De estos, 910 personas físicas y 360 morales han sido eliminadas de la lista. Actualmente, permanecen bloqueadas 6,545 personas. Las acciones de la UIF han llevado al congelamiento de más de 32,500 millones de pesos, 568.3 millones de dólares y 2 millones de euros. Sin embargo, 23,575 millones de pesos han sido desbloqueados por resoluciones judiciales, lo que refuerza la necesidad de reformar la normativa vigente.

El caso de la exconductora Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, ejemplifica la problemática actual. A pesar de contar con órdenes de aprehensión en su contra, una resolución judicial ordenó su eliminación de la LPB, permitiéndoles acceder nuevamente al sistema financiero nacional. Sheinbaum calificó esta situación como “corrupción” y destacó la necesidad de implementar reformas legales para evitar que casos similares se repitan en el futuro.

Estas propuestas legislativas buscan fortalecer el marco legal y garantizar que los recursos vinculados a actividades delictivas permanezcan bloqueados hasta que se resuelvan los procesos judiciales correspondientes, evitando así que decisiones judiciales preliminares permitan el acceso a fondos de procedencia ilícita.

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