Guillermo Veloz//La Noticia de Tlaxcala
Tlaxcala, Tlax., 30 de marzo de 2025. Este domingo marcará un hito en la historia política de México con el inicio oficial de las campañas para elegir diversos cargos del Poder Judicial de la Federación (PJF), un proceso que designará alrededor de 3,400 puestos a nivel nacional. En Tlaxcala, el candidato a magistrado federal, Alfredo López Rueda, arrancó su campaña desde la emblemática estatua de Tlahuicole, acompañado de simpatizantes que portaban carteles y tambores, recorriendo las principales calles de la capital con el objetivo de acercarse a la ciudadanía.
López Rueda anunció su intención de visitar los 60 municipios del estado durante su campaña, buscando que la población conozca sus propuestas y experiencia para ocupar el cargo. Sin embargo, este proceso electoral ha generado un intenso debate sobre sus implicaciones para la independencia y eficacia del sistema judicial mexicano.
La reforma judicial de 2024 estableció la elección popular de jueces y magistrados, incluyendo a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el argumento de combatir la corrupción y acercar la justicia al pueblo. No obstante, críticos de la medida advierten que someter a votación popular estos cargos podría politizar la justicia y comprometer la imparcialidad de las decisiones judiciales. Además, señalan que la elección de jueces por voto popular es una práctica poco común a nivel internacional y podría socavar la profesionalización del Poder Judicial.
En el ámbito local, la participación de candidatos como López Rueda refleja el interés de diversos actores por integrarse al nuevo esquema judicial. Sin embargo, queda la incógnita sobre cómo evaluará la ciudadanía las propuestas y trayectorias de los aspirantes, en un contexto donde la información especializada sobre funciones y responsabilidades judiciales no es de fácil acceso para el electorado general.
Mientras las campañas avanzan, es esencial que tanto autoridades electorales como candidatos promuevan un debate informado y transparente, que permita a los votantes comprender las implicaciones de sus decisiones en las urnas y garantizar que la elección de los nuevos funcionarios judiciales fortalezca, en lugar de debilitar, el Estado de derecho en México.
