Guillermo Veloz/La Noticia de Tlaxcala
Tlaxcala, Tlax., 8 de abril de 2025. — En un esfuerzo por redefinir los límites de la participación ciudadana, la LXV Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala se convierte en el escenario de dos propuestas que buscan transformar el guion democrático de la entidad.
La diputada Engracia Morales Delgado subió al estrado para presentar una iniciativa que adiciona un párrafo al artículo 22 de la Constitución local, con el objetivo de permitir que los tlaxcaltecas residentes en el extranjero ejerzan su derecho al voto en las elecciones del Poder Judicial. Esta propuesta no solo busca reconocer la voz de quienes han cruzado fronteras, sino también integrar sus perspectivas en la configuración del sistema judicial estatal. Sin embargo, la iniciativa ha generado debates sobre la viabilidad de implementar mecanismos efectivos para garantizar un sufragio seguro y transparente desde el extranjero.
Por otro lado, el diputado Vicente Morales Pérez propuso reformas a la Ley de Consulta Ciudadana, enfocadas en democratizar el presupuesto público. La propuesta permitiría que las comunidades decidan de manera directa la asignación de recursos a proyectos que promuevan la cultura de paz, apoyen a víctimas del delito y recuperen espacios públicos. Morales Pérez ilustró su iniciativa con ejemplos concretos:
“Se trata de permitir que una comunidad pueda decidir financiar un centro de atención psicosocial; que un barrio golpeado por el narcomenudeo destine recursos a talleres culturales y deportivos; que un colectivo de mujeres pueda crear un refugio comunitario para víctimas de violencia. No son ideas abstractas, son respuestas concretas a realidades urgentes.”
Estas propuestas escenifican una narrativa donde la ciudadanía no es mera espectadora, sino protagonista activa en la toma de decisiones que moldean su entorno. Sin embargo, la puesta en práctica de estas iniciativas enfrenta desafíos significativos: desde la creación de infraestructuras que faciliten el voto en el extranjero hasta la garantía de que los presupuestos participativos no se conviertan en arenas de disputa política o clientelismo.
